Bohoslavsky, abogó por que la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico, encuentre una solución justa y logre un alivio significativo en la deuda. "Sencillamente, la isla no puede afrontar mayores niveles de austeridad”, indicó Bohoslavsky.

Para el experto internacional, "la población no puede quedar como rehén de prácticas irresponsables de toma y otorgamiento préstamo realizadas en el pasado”. 

"La economía debería servir a las personas, no al revés. Las pérdidas deben ser distribuidas equitativamente. Los tenedores de bonos, incluidos los inversores en fondos de alto riesgo, deben asumir su parte equitativa de las pérdidas”, agregó.

La declaración de Bohoslavsky fue enviada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, con sede en Ginebra. Tiene el respaldo de los relatores especiales de la ONU para vivienda adecuada, Leilani Farha; las personas con discapacidad, Catalina Devandas Aguilar; salud física y mental, Dainius Puras; y derecho a la alimentación, Hilal Elver. Desde mayo pasado, Bohoslavsky solicitó al gobierno de EE.UU. que le invite oficialmente para poder realizar una inspección sobre el terreno sobre la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico, que puede entrar a finales de mes en una etapa crucial si la junta federal mantiene su decisión de certificar para entonces un plan fiscal que regulará los recortes y la reestructuración de las obligaciones financieras del gobierno boricua.

En septiembre pasado, junto a los relatores sobre temas de alimentación, salud y vivienda, el experto de la ONU en asuntos de deuda externa y derechos humanos levantó una serie de preocupaciones oficiales ante EE.UU. El gobierno federal le respondió la comunicación en octubre pasado, pero esa comunicación no se ha hecho pública. 

Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), dedicó una audiencia a la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico, un asunto que ha quedado en manos de una junta federal que tiene previsto certificar un plan fiscal a finales de mes, antes de ordenar recortes y una reestructuración dela deuda.

La CIDH también solicitó entonces que el gobierno de EEUU permita una inspección sobre el terreno en un viaje oficial a la Isla. 

"Puerto Rico está en el mapa internacional. Es un tema de preocupación como parte de las obligaciones que tiene Estados Unidos para Puerto Rico”, indicó Annette Martínez, directora de la clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana (Inter), una de las promotoras de la audiencia de la CIDH y la intervención de la ONU.

Para el experto Bohoslavsky, "el plan fiscal de Puerto Rico necesita prevenir mayores daños a aquellas personas en situación de vulnerabilidad” y en ese sentido "las medidas de reforma deben garantizar la protección de los derechos a la salud, a la alimentación, vivienda y seguridad social”.

Expresó además preocupación sobre recomendaciones de la junta federal que exhortan a reducir los beneficios laborales, incluida la paga por despido injustificado, horarios flexibles, pensiones y vacaciones.

Bohoslavsky dio la bienvenida a las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico a favor de un financiamiento justo del sistema de salud y créditos contributivos para familias, como el que se otorga en EEUU por niños dependientes.

"La reducción de la carga impositiva de las familias con hijos es una de las muchas medidas que se requieren para combatir los niveles intolerables de pobreza en Puerto Rico”, indicó, al señalar que el 60% de los niños en la Isla viven en un nivel por debajo de la tasa de pobreza de Estados Unidos.

El experto de la ONU indicó que "después de 10 años de depresión económica, nuevos recortes en el gasto no contribuirán a una recuperación económica sino que acelerarán la emigración y perjudicarán la provisión de servicios públicos esenciales”.

También destacó particularmente el efecto de la crisis sobre las personas con discapacidad, al mencionar que los residentes de Puerto Rico reciben un promedio de $74 por mes en apoyo federal, frente a $540 que se obtienen en los estados de Estados Unidos.

"El costo real de la vida no justifica esas diferencias en la ayuda pública”, agregó Bohoslavsky, al señalar que "según el derecho internacional, los Estados Unidos son responsables de asegurar que los derechos sociales de todas las personas que viven bajo su jurisdicción sean totalmente protegidos, sin ningún tipo de discriminación”. 

Bohoslavsky ocupa desde mayo de 2014 el puesto de experto independiente sobre los efectos de la deuda externa y derechos humanos. Como los relatores especiales, su puesto es parte del Concilio de Procedimientos Especiales para los Derechos Humanos de la ONU.