SAN JUAN, PR – Diciembre 2017 – ¿En dónde se traza la línea entre los derechos a la privacidad de un individuo y la responsabilidad del estado a encontrar a los culpables de un crimen? Esta es una pregunta filosófica y de ética que se ha planteado en muchas ocasiones. Aquí podemos hablar de las decisiones que se han tomado en cuanto a los récords médicos, el historial de transacciones de banco, el rastreo por GPS, y muchas otras instancias donde esa línea divisoria entre lo correcto y lo justo se puede poner un poco menos derecha.

Sin embargo, actualmente hay un caso en el tribunal supremo de los Estados Unidos que tiene a los nueve jueces en total desacuerdo. Se trata sobre los registros de triangulación de los teléfonos celulares y la legalidad de acceder los mismos sin una orden del tribunal. Desde que existen los celulares los investigadores de casos criminales acceden los registros de triangulación de los mismos para determinar la localización de un sospechoso al momento del crimen, y los patrones de conducta de los involucrados en un caso. Ese fue el caso en la investigación de una serie de robos en el medio oeste de E.E.U.U. en el 2011.

Timothy Carpenter fue hallado culpable junto a otros tres individuos por una serie de robos a tiendas tecnológicas como Radio Shack y T-Mobile, donde secuestraban a los clientes y empleados a punta de pistola hasta que les entregaban bolsas llenas de teléfonos celulares inteligentes. Entonces se iban con la mercancía, disponían de las armas y vehículos usados, y vendían la mercancía robada. Carpenter fue acusado por organizar los crímenes y suplir las armas, entre otras cosas.

Luego de que uno de los delincuentes confesara los crímenes a la policía, un fiscal pidió y consiguió los registros de los últimos 152 días del celular de Carpenter y los otros sospechosos. Estos registros implicaron a Carperter de manera inequívoca, ya que lo posicionaron en las localidades de cuatro de los robos.

Sin embargo, una jueza del sexto circuito decidió validar la apelación de la defensa de la Unión Americana de Libertades Civiles cuando estuvo de acuerdo en que los registros de triangulación de un teléfono celular no se pueden tratar como un registro de negocios y que hay una preocupación genuina sobre la legalidad de obtener esos registros sin una orden judicial.

La Unión basa su argumento en que tener un celular hoy en día es prácticamente una necesidad, y a que, en un caso anterior, U.S. v. Antoine Jones, el tribunal decidió que rastrear a un individuo sospechoso de tráfico de drogas con un GPS por un periodo de tiempo indeterminado constituye un allanamiento según la cuarta enmienda de la constitución. La Unión entiende que usar los registros de triangulación de un celular es algo comparable al uso de un GPS para rastreo.

La fiscalía argumenta que los registros de triangulación de un celular solo evidencian lo que sucede mientras se hace una llamada, y no cuando el celular está sin usarse. Entiende que estos registros son similares a los registros de los números a los que alguien llama en una línea regular, y que no deben estar sujetos a las limitaciones de una orden judicial. Además, la ley de comunicaciones grabadas que rige los registros de uso de celulares le exige a los detectives demostrar "motivos razonables", y no "causa probable".

¿Y qué dicen los jueces del tribunal supremo?

La Hon. Elena Kagan dice que ella encuentra similaridades obvias entre el caso de Jones y el Carpenter. O sea, que ella piensa que acceder los registros de triangulación de celular constituye un allanamiento.

La Hon. Sonia Sotomayor dice que para ella esos registros deben ser tratados como los récords médicos, que no pueden ser accedidos sin el consentimiento del dueño.

El Hon. Juez Roberts piensa que esta situación no es consistente con una decisión ya tomada en el 2014 donde el tribunal decidió que hay que tener una orden judicial para incautar o investigar el teléfono celular de un sospechoso.

El Hon. Samuel Alito dice que los registros de cuentas bancarias, que en E.E.U.U. están disponibles para los investigadores sin una orden judicial, contienen información más sensitiva y delicada que los registros de triangulación del celular.

O sea, de nueve, cuatro están empate. Esto no va a ser una decisión fácil, y parece que se va a tardar hasta la sesión del verano del 2018.

¿Qué ustedes opinan? Si la policía quiere ver los récords de triangulación de tu celular, que lo único que dice es en dónde estabas cuando se hizo la llamada, ¿lo puede hacer sin una orden judicial? ¿Por qué sí o por qué no? ¿De qué manera puede esto afectarte?

Fernando Fernández, PI, BAI, CCDI, CDRS, CII, CAS, CHS-II

Presidente - Covert Intelligence, LLC

Fernando Fernández se dedica a la investigación privada en el Caribe desde hace más de 10 años con su compañía Covert Intelligence, LLC. Además de ser experto en investigaciones tecnológicas y de informática forense, se especializa en lenguaje corporal y micro/macro expresiones, investigaciones criminales, y ofrece seminarios sobre el arte de la interrogación. Es autor de la novela "Paradise Undercover", basada en sus experiencias en investigaciones en el Caribe, y de la libreta "El Arte de Detectar Mentiras".

Para más información, o para coordinar una entrevista con Fernando Fernández, puede llamar al

787-603-4504 o enviar un correo electrónico a covertintelligence@yahoo.com.