Washington - La Unión de Libertades Civiles (ACLU) expresó preocupación por la decisión del secretario de Justicia de Estados Unidos de revisar los decretos por consentimiento que impulsan reformas de la Policía, aunque esperan que no altere el acuerdo judicial en Puerto Rico.

William Ramírez, director ejecutivo de ACLU en Puerto Rico, sostuvo hoy que aunque el memorando no hace distinciones, es evidente que la atención del secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, va a estar en los reclamos de reforma que aún no han sido decididos en un tribunal, como el de la Policía de Baltimore (Maryland).

Los que son acuerdos judiciales difícilmente van a poder cambiarlos”, dijo Ramírez, en una entrevista telefónica desde San Juan.

Pero, Ramírez mantuvo que si la intención es desincentivar los cambios que propone el decreto por consentimiento acordado en el verano de 2013, sí pudieran "cruzarse de brazos” y limitar la asistencia financiera para implantar reformas. 

Como parte de un memorando emitido el lunes en la noche, el secretario Sessions anunció que revisará los acuerdos de reformas policiales, que están basados en denuncias de violaciones de derechos civiles, para asegurarse de que cumplen con las metas del presidente Donald Trump, más centradas en promover la moral y la seguridad de los policías.

La ACLU sometió la demanda original en contra de la Policía de Puerto Rico denunciando un patrón de violaciones de derechos civiles. En diciembre de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó entonces al gobierno de Luis Fortuño. El decreto por consentimiento fue firmado el 17 de julio de 2013, bajo el gobierno de Alejandro García Padilla.

Ramírez llamó la atención de que aunque comienzan a verse logros como consecuencia de la reforma – como el escuchar a las comunidades y diferentes grupos de la Isla-, el posible desinterés del gobierno de Trump en las reformas policiales coincide con medidas que toma el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) para "criminalizar la protesta”.

Ramírez hizo referencia a la aprobación en la Cámara de Representantes de Puerto Rico de enmiendas al código penal que, entre otras cosas, convierte en delito menos grave utilizar un disfraz para "alterar o intervenir” en una instalación pública educativa. De cometerse un delito grave utilizando el disfraz, la pena carcelaria fija es de tres años.

"Estamos esperanzados en que cuando se revisen las reformas, el gobierno de Estados Unidos llegue a la conclusión de atienden las condiciones de trabajo del policía”, indicó Ramírez, al señalar que, entre otras cosas, persigue invertir en el equipo que utilizan los agentes y en sus adiestramientos.

Ramírez también ha advertido del peligro de que se permita a agentes de la Policía utilizar sus uniformes y equipo en empleos de seguridad privados, pues expone al gobierno de Puerto Rico a demandas por acciones en las que los agentes van a estar ausentes de la supervisión de sus oficiales.

El primer efecto del memorando del secretario Sessions ha sido que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara a un juez aplazar la audiencia de junio en la que se discutiría el decreto por consentimiento alcanzado entre la Policía de Baltimore  y el gobierno federal.

El acuerdo fue suscrito poco antes de que el presidente Trump tomara posesión.

Sessions ha sido un crítico de esos acuerdos, dirigidos a mejorar el respeto de los derechos civiles. Suele centrarse en iniciativas dirigidas a respaldar con fuerza a los agentes policiales.

David Rocah, abogado de la ACLU en Maryland, sostuvo que si el gobierno de Trump intenta revertir el decreto por consentimiento, "sería un acto sin precedentes en nuestra historia y una abdicación de la responsabilidad del Departamento de Justicia”.

Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que no tienen comentarios, al ser preguntado si la intención de revisar los decretos por consentimiento incluirá los que ya están supervisados por un juez, como en el caso de Puerto Rico.(endi)