SAN JUAN, PR – Agosto 2017 –  Una corte de apelaciones federal en Filadelfia se acaba de unir a otros cinco circuitos al decidir que los ciudadanos tienen el derecho de grabar vídeos de la policía en público según la primera enmienda de la constitución estadounidense. Esto se une al creciente consenso de que la ciudadanía puede tomar fotos y grabar a la policía sin miedo a represalias.

El juez federal Thomas L. Ambro puntualizó que la constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a obtener información sobre cómo los servidores públicos se comportan en público. Aunque acepta que la policía se enfrenta a mucha presión negativa, dice que las grabaciones por testigos desde la paliza que la policía de Los Ángeles le dio a Rodney King en el 1991, "han expuesto las malas conductas de la policía, y también exonerado a policías de cargos erróneos." Estas grabaciones, dice el juez Ambro, proveen diferentes perspectivas que las imágenes capturadas por las cámaras del carro del policía o por las cámaras de uniforme. Todas las cortes de apelaciones federales que han visto este asunto han encontrado que es inconstitucional por parte de la policía interferir con las grabaciones de ciudadanos. Estas tecnologías le permiten a los testigos complementar las versiones tradicionales sobre el uso de poder por parte de la policía, explicó Ambro.

Las grabaciones desde teléfonos inteligentes en los años luego de que el arresto violento de King fuera grabado por un testigo, han capturado tiroteos a conductores, sospechosos y otras situaciones de parte de la policía en repetidas ocasiones. Esto ha causado una preocupación a nivel nacional sobre la manera en que la uniformada vigila a las comunidades minoritarias, según los activistas de derechos humanos.

"En el 2017 no hay confusión sobre el tema: el derecho a grabar a la policía es parte integral de las libertades protegidas por la primera enmienda de la constitución, más aún ahora que los celulares inteligentes están tan presentes en la vida diaria," dice Molly Tack-Hooper, abogada de la Unión de Libertades Civiles Americanas de Pennsylvania (ACLU en inglés). "Un gran porcentaje de la nación anda con tecnologías en los bolsillos que les permiten desalentar las malas conductas policíacas solo con enseñar el teléfono... y al distribuir las grabaciones con el toque de un botón."

En el caso que llevó la situación a la corte de Ambro, había apelaciones de parte de un estudiante de Temple University que tomó una foto desde una acera pública mientras la policía interrumpía una fiesta, y de un testigo observador que documentaba el arresto de un protestante. Ambos fueron detenidos, y al estudiante le dieron una citación que luego fue desestimada porque el oficial no se presentó en corte. Los oficiales de la ciudad aceptaron que desde el 2012 hay una ordenanza que le prohíbe a los policías interferir con grabaciones de vídeo públicas. Sin embargo, según ACLU, la ciudad no ha entrenado a los policías sobre el asunto. En este momento, la ACLU le está exigiendo a la ciudad que, o entrene a los policías, o sancione a los oficiales envueltos. La corte de apelaciones encontró a los oficiales inmunes a los daños causados por sus acciones.

Según el juez de distrito Richard L. Nygaard, él no está de acuerdo con esa inmunidad ya que "las experiencias de vida de esos oficiales con sus aparatos electrónicos personales... hacen imposible asumir que no conocían las implicaciones de sus acciones tratando de interferir con las grabaciones según la primera enmienda de la constitución."

En Puerto Rico esto es un tema muy importante y actual, ya que en las manifestaciones recientes los vídeos de ciudadanos dejan ver no solo la importancia de evidenciar el desempeño de la policía cuando hace su labor, sino la actuación y actitud de los ciudadanos en esas circunstancias. Sabemos que en ocasiones los policías han intentado evitar que un ciudadano use su celular o tableta para grabarlos. Esperamos que estas decisiones de las cortes federales nos ayuden a entender que estas grabaciones no son una amenaza para la uniformada, sino una oportunidad para demostrar que realizan bien su labor, y también para poner al público al tanto de las circunstancias particulares con las que se encuentran en momentos difíciles.

Fernando Fernández,  PI, BAI, CCDI, CII, CAS

Presidente - Covert Intelligence, LLC

Fernando Fernández se dedica a la investigación privada en el Caribe desde hace más de 10 años con su compañía Covert Intelligence, LLC. Además de ser experto en investigaciones tecnológicas y de informática forense, se especializa en lenguaje corporal y micro/macro expresiones, investigaciones criminales, y ofrece seminarios sobre el arte de la interrogación. Es autor de la novela "Paradise Undercover", basada en sus experiencias en investigaciones en el Caribe.